El oro ilegal ya desplazó al legal: qué significa que el 54% del oro exportado no tenga trazabilidad

El punto de inflexión ya ocurrió

El debate suele quedarse en la interdicción y el daño ambiental, pero el dato de 2026 plantea algo más incómodo. En el primer semestre, la exportación de oro de origen ilegal creció 19.4% mientras la legal cayó 5.9%, y el oro ilegal superó al legal en 8.7 toneladas hasta representar el 54% del volumen exportado, según el Instituto Peruano de Economía (El Comercio). Por primera vez, el grueso del oro que sale del país no tiene un origen que el Estado pueda certificar.

Sin trazabilidad, la formalización es una ficción

La cifra no es un accidente de precios: es un problema de registro. El Reinfo, creado en 2016 para formalizar a la pequeña minería, apenas logró que el 2% de sus inscritos culminara el proceso, fue prorrogado cinco veces y, al eximir de responsabilidad penal a los inscritos, abrió un paraguas que facilita el avance sobre zonas restringidas (El Comercio). Un canal que no distingue el metal de origen lícito del ilícito convierte la formalización en un trámite sin contenido: sin trazabilidad robusta, el oro ilegal se mezcla con el legal antes de embarcar.

El lavado de activos se mide en miles de millones

La señal más grave está en la Unidad de Inteligencia Financiera. Los reportes de operaciones sospechosas vinculadas a minería ilegal llegaron a US$6,036 millones en 2025, más de cuatro veces lo reportado en 2024 y se multiplicaron por ocho entre 2016 y 2025, según el IPE (IIMP). Las denuncias por minería ilegal ante el Ministerio Público pasaron de 1,266 en 2021 a 2,601 en 2025 (IIMP). Cuando el oro se mueve por canales sin certificar, el sistema financiero se vuelve la puerta de salida de dinero que no tributa ni responde a nadie.

La interdicción llega después del embarque

La respuesta del Estado sigue siendo reactiva. En agosto, las Fuerzas Armadas y la Policía destruyeron maquinaria, insumos y bienes por más de S/8 millones solo en Arequipa, dentro de 176 intervenciones en 18 departamentos con un impacto superior a S/546 millones (Los Andes); en el acumulado a agosto se destruyeron bienes por cerca de S/2,750 millones (Los Andes). Son golpes reales, pero destruyen campamentos después de que el metal ya salió. Para el cierre de 2026, el IPE estima que la exportación de oro de origen ilegal alcanzaría al menos 110 toneladas y podría superar las 120, con un valor de al menos US$16,000 millones, casi nueve veces el de hace una década (El Comercio).

Qué significa para quien no vive de la minería

Aquí aterriza en la vida cotidiana: cada gramo sin trazabilidad es tributo que no financia hospitales ni comisarías, competencia desleal contra la minería que sí paga y combustible para economías que disputan el territorio con violencia. Los proyectos formales por más de US$12,000 millones están en riesgo (El Comercio), y eso es inversión y empleo que no llegan. Mientras el 54% del oro exportado en el primer semestre no pueda decir de dónde viene, el ciudadano paga dos veces: con menos Estado y con más territorio entregado a quien opera fuera de la ley.