El Congreso se exonera a sí mismo: la devolución de pasajes que nunca llegó

Un cobro aprobado y borrado en 23 días

El Congreso decidió cobrar un dinero que él mismo había gastado y, tres semanas después, se exoneró de cobrarlo. El 2 de junio de 2026, la Mesa Directiva presidida por Fernando Rospigliosi aprobó el Acuerdo de Mesa 171-2025-2026/MESA-CR, que obligaba a cuatro excongresistas y dos parlamentarios andinos a reembolsar el costo de pasajes aéreos internacionales que nunca utilizaron, según Gestión. La medida se apoyaba en informes de la Dirección General de Administración y de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento. El 25 de junio, la misma Mesa Directiva reconsideró su decisión y anuló la obligación de devolver Gestión. El saldo que asumirá el Estado: S/45,418.20 Latina Noticias.

No es un asunto abstracto: hay nombres y boletos pagados

Detrás de la cifra hay viajes específicos financiados con el presupuesto. El excongresista Alejandro Cavero, de la bancada de Avanza País Latina Noticias, no abordó un vuelo a Azerbaiyán de S/13,437.06; Rosselli Amuruz dejó sin usar un boleto a Montevideo de S/5,932.95; Ernesto Bustamante no voló a París con un pasaje de S/8,595.35 sin comunicar oportunamente las razones, y Luis Ángel Aragón no tomó un vuelo a Curazao de S/5,032.13. A ellos se suman los parlamentarios andinos Javier Arce y Leslye Lazo, con boletos a México y Bélgica de S/4,088.30 y S/8,332.41, respectivamente Gestión. La exoneración no la votaron los beneficiarios: la decidió la Mesa Directiva en el despacho, sin un debate del Pleno en el que alguien rindiera cuentas por el dinero perdido. Ese es el detalle más grave: la institución se corrigió a sí misma a puerta cerrada.

El contraste con el discurso de la austeridad

El mismo Congreso que en diciembre de 2025 anunciaba, por unanimidad, suprimir viáticos, pasajes y otras asignaciones de la semana de representación durante la campaña electoral Comunicaciones del Congreso, condona ahora S/45,418.20 en pasajes que nunca se usaron. El contraste no es casual: ocurre en la misma semana en que el Congreso interpeló al ministro del Interior, César Astudillo, por la ola criminal Infobae. El Parlamento exige rendición de cuentas al Ejecutivo con una mano y se dispensa su propio gasto con la otra.

Lo que esto cuesta al ciudadano

S/45,418.20 equivalen a más de 40 remuneraciones mínimas, fijadas en S/1,130 mensuales Bumeran. Es dinero del presupuesto público, el mismo fondo del que dependen las comisarías, las postas y las escuelas que el ciudadano reclama todos los días. Cada vez que el Congreso se perdona una deuda propia, envía un mensaje preciso: la plata del Estado no tiene dueño, salvo cuando la gasta un ciudadano de a pie. La fiscalización del bolsillo ajeno es un derecho ciudadano, y se debilita exactamente cuando quien debe dar el ejemplo convierte su gasto en un privilegio que se puede revisar, aplazar y, al final, olvidar.