Doscientos fiscales para el papa y la Fiscalía que dice no poder pagar planillas

La misma semana en que faltaba para pagar sueldos, se anunciaron unos 200 fiscales para el papa

El contraste es verificable y ocurrió en cuestión de horas. El 17 de octubre, la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Carmen Miranda, confirmó que unos 200 fiscales del Ministerio Público de Lambayeque serán desplegados en Chiclayo durante la visita del papa León XIV, los días 13 y 14 de noviembre, para "garantizar la legalidad, seguridad ciudadana y responder ante cualquier eventualidad" (RPP). Ese mismo día, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, pidió al Gobierno un crédito suplementario de urgencia para cubrir gastos operativos y el pago de salarios a partir de noviembre (El Comercio), pedido que también formalizó ante el Congreso (La República). La advertencia fue literal: "ya no tendríamos dinero para pagar los sueldos de los fiscales en parte del mes de noviembre y para diciembre" (La República).

Lo primero que hay que explicar es de dónde sale el dinero

Un operativo de unos 200 fiscales no es gratuito: implica horas extraordinarias, viáticos, movilidad y, sobre todo, fiscales que dejan sus despachos durante dos días. En una institución que advierte no poder pagar planillas, cada uno de esos rubros debería estar desglosado y publicado. Gálvez sostuvo que el aumento de 16% planteado por el Ejecutivo "ni siquiera equipara lo que debíamos tener como presupuesto normal" y que la institución necesita duplicar su presupuesto (La República). Si no alcanza para lo básico, el Ministerio Público tiene la carga de demostrar con qué partida se financia la visita papal, o si el costo recae sobre los propios fiscales y trabajadores.

La priorización es la pregunta de fondo

El punto no es si la visita del papa merece atención: un evento masivo necesita fiscales de turno y de prevención. La pregunta es qué se deja de atender. El Ministerio Público ya unificó los turnos de flagrancia a nivel nacional por falta de fiscales y de logística (La República). En marzo, el propio Gálvez advirtió que en abril no habría sueldo para 4,700 funcionarios y que se despidió a casi dos tercios del personal por terceros, incluida la limpieza (La República). Si con ese panorama se movilizan unos 200 fiscales a un solo distrito, la ciudadanía tiene derecho a saber qué audiencias o diligencias se reprograman y con qué criterio se eligió el operativo por encima de otros gastos.

Para el ciudadano, el riesgo es quedarse sin Fiscalía en lo ordinario

Quien vive en Lambayeque no verá el despliegue como un lujo: verá a su distrito con menos fiscales disponibles para denuncias, audiencias y diligencias de rutina durante dos días, mientras el Ministerio Público advierte que quizá no pague sueldos. Lo que está en juego es la seguridad jurídica cotidiana: la atención de una denuncia, la demora de un proceso, la respuesta ante un delito de todos los días. La visita del papa pasa; la capacidad de investigar el delito ordinario es la que no puede quedar en pausa.