Déficit hídrico en 484 distritos: la emergencia que expira y el plan que sigue sin presupuesto

El mapa del riesgo se amplía y la respuesta sigue siendo un decreto

El Cenepred ubica en riesgo muy alto de déficit hídrico a 484 distritos de 17 departamentos, con 2,796,692 personas, 1,183,638 viviendas y más de 3.5 millones de hectáreas agrícolas expuestas; un corte previo de su escenario contaba 397 distritos y 2,481,033 personas, y el riesgo alto o muy alto alcanza a más de 1,140 distritos. Frente a ese mapa, la respuesta del Estado sigue anclada a decretos de plazo corto. El Decreto Supremo 116-2026-PCM declaró la emergencia el 13 de agosto por 60 días para 607 distritos de 16 regiones, un plazo que venció el 12 de octubre; al expirar, el Ejecutivo volvió a declarar la emergencia por otros 60 días, ahora para 707 distritos. El decreto se renueva; lo que no aparece es el presupuesto.

Sin partida etiquetada, el decreto se parece más a cobertura que a política pública

El crédito suplementario en debate asciende a S/8,228 millones, pero la porción para prevenir y atender emergencias frente a El Niño es de S/581 millones, poco más del 7% del total; lo específico para riego y sector agrario son S/247 millones y para agua y saneamiento S/380 millones. En las partidas que difundió el MEF no aparece una línea etiquetada específicamente como "sequía" o "déficit hídrico". El mismo pedido reserva S/1,832 millones para Defensa, incluida la fase II de los aviones F-16, y se financia en 53.8% con bonos soberanos. La brecha también es de trazabilidad: en el Congreso se preguntó por qué Puno, en emergencia por déficit hídrico, no aparece entre las principales inversiones de agua y saneamiento del MEF.

El campo no depende del decreto, depende de la lluvia

Más del 68% de la superficie agrícola del país se cultiva bajo secano, sin riego y a merced de las lluvias: 67.5% en la sierra y 89.1% en la selva. Solo el 34% de las tierras tiene riego y, de los sistemas existentes, el 57% estaba en mal estado al 2022. La agricultura familiar, que es el 95.4% de las unidades agropecuarias, recibió asistencia técnica en apenas el 2.7% de esas unidades en los últimos tres años. Las cuentas ya reflejan el golpe: el MEF pasó de proyectar un crecimiento de 2.3% del sector agropecuario en 2026 a estimar una caída de 1.4%, y el MIDAGRI calcula que la quinua podría caer 12% en 2027.

Quién paga la adaptación

Para una familia de la sierra sur, esto es concreto: menos agua significa menos cosecha de papa, quinua y maíz, menos forraje para el ganado y alimentos más caros para todos, mientras sus ingresos caen y se debilita su única fuente de ahorro. La adaptación no se declara, se financia: exige proyectos de agua y riego con código de inversión, no solo una firma en el diario oficial. Mientras tanto, comunidades de varios países de América Latina ya generan sus propios datos climáticos para anticiparse a la sequía, una señal de que información y urgencia existen. Lo que las cuentas públicas no muestran es cuántas de esas 1,183,638 viviendas en riesgo tienen un proyecto de inversión registrado en el MEF. Esa es la pregunta que un decreto de 60 días no responde.