Aportantes de campaña y contratos en el Callao: el circuito que la fiscalía debería mirar

Un reportaje de Cuarto Poder emitido este fin de semana puso la lupa sobre un mecanismo que se repite en el Gobierno Regional del Callao: personas que financian campañas del entorno del gobernador Ciro Castillo Rojo terminan contratadas por la misma entidad. Aportar a una candidatura y luego contratar con el Estado no es ilegal por sí solo. Lo que el caso revela es el vacío que hay en medio: la norma hace visible el aporte, pero no rompe el circuito que lo convierte en contrato.

El circuito en números

De un aporte de 2,480 soles a más de 734,000 soles en órdenes de servicio: así se mide el circuito en una sola familia. Armando Rondinel Silva registró en febrero dos aportes por 2,480 soles a la campaña de Antonio Castillo Rojo, hijo del gobernador y candidato a la Cámara de Diputados por el Callao con Alianza para el Progreso (RPP). Después recibió 14 órdenes de servicio por 85,800 soles (Correo). Su familia, sin experiencia previa en el Estado, lo siguió en la planilla: la madre, 17 órdenes por 274,000; el padre, 18 por 162,258; y dos hermanas, por 169,500 y 43,000 soles (RPP, Correo). Con los 85,800 soles de Armando, la familia supera los 734,000 soles (Correo).

El patrón se repite con Elvira Madalengoitia, exasistente del gobernador y candidata a gobernadora regional por Avanza País: más del 70% de los aportantes de su campaña son trabajadores del Gobierno Regional del Callao (Correo). Aniee Espezúa Paredes aportó 1,350 soles en especie y hoy ocupa una plaza CAS; Carlos Triveño Lazarte aportó 2,000 y firmó cinco órdenes por 44,300 soles; Mariela Carrillo Mendoza aportó 1,200 y firmó ocho por 53,800 (RPP).

Un patrón que viene del 2022

Esto no es la primera vuelta del mismo disco. Hace un año, Cuarto Poder ya había medido que el 65% de los aportantes de la campaña del propio gobernador obtuvo contratos u órdenes de servicio del Gobierno Regional del Callao tras su elección (Cuarto Poder, Panamericana). Y desde 2023 existe un expediente abierto: la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación preliminar contra Ciro Castillo Rojo por negociación incompatible, por presuntamente duplicar el sueldo a su asistente administrativa (Ministerio Público). Luego, la Procuraduría pidió diligencias por tráfico de influencias y colusión agravada, a partir de audios sobre un supuesto soborno de 150,000 soles (América Noticias). A semanas del cambio de gestión, el circuito sigue girando.

La norma mira el dinero que entra, no el contrato que sale

La Ley de Organizaciones Políticas regula quién puede aportar, cuánto y cómo se reporta a la ONPE: fija topes por aportante, exige bancarizar los aportes mayores y obliga a entregar la información de ingresos y gastos de campaña (Gestión). Ese es justamente el punto: la transparencia permite ver quién financió, pero entre el aporte declarado y la orden de servicio posterior no hay un candado. Un aporte lícito y reportado no impide presentarse después como proveedor; el control queda para el final, en la fiscalía y en la Contraloría, que deben reconstruir nombres, montos y fechas y probar si hubo direccionamiento.

Lo que esto cuesta al bolsillo del vecino

Cada orden de servicio adjudicada sin competencia es dinero que no llega al hospital, al agua o al patrullero del barrio. Y el cierre del caso importa ahora, no después: la Diresa del Callao ha convocado 87 plazas CAS a plazo indeterminado, con sueldos de entre 2,000 y 10,000 soles, a pocas semanas de que asuma una nueva administración (Correo). Si el circuito campaña-contrato no se corta, el recomendado se queda con la planilla y el ciudadano chalaco, con la cuenta.