Más de 53,000 obras inconclusas: los S/19,600 millones que municipios y regiones no terminaron de ejecutar

La cifra que abre la semana no es un pedido de más recursos: es el registro de lo que ya se gastó sin entregar. Los gobiernos locales y regionales acumulan 53,332 proyectos inconclusos entre paralizados y abandonados durante los últimos casi 15 años, y el devengado en esos proyectos llega a S/19,600 millones a septiembre de 2026. Ese dinero no se perdió en abstracto: se giró, se devengó y quedó atrapado en obras que no prestan servicio.

El dinero ya se giró: el problema no es que falte presupuesto

La lectura más incómoda es que esos S/19,600 millones son gasto ya realizado que no se convirtió en infraestructura utilizable. Son proyectos aún considerados activos: no es que todo esté perdido, sino que quedó congelado a mitad de camino. El Consejo Privado de Competitividad calcula que el 43.1% de las inversiones en condición de abandono ya había utilizado entre la mitad y casi todo su presupuesto, y un proyecto promedio lleva 40 meses sin registrar ejecución. Hay más de 10,000 inversiones con al menos tres años sin movimiento y 4,587 con cinco años o más.

La causa no es solo corrupción: son expedientes débiles y relevos que dejan obras huérfanas

El IPE apunta a filtros relajados: la formulación más sencilla a nivel subnacional produjo proyectos mal formulados, sin fondos asegurados o con expedientes técnicos deficientes que derivan en controversias, arbitrajes y paralizaciones. A ello se suma el cambio de gestión: obras que heredan autoridades nuevas sin presupuesto asegurado ni liquidación cerrada. La Contraloría registra 2,262 obras paralizadas al 30 de junio de 2026, con S/62,000 millones de inversión acumulada y S/27,000 millones pendientes de ejecutar. El 65% quedó congelado con avance físico mayor al 50%, y 281 obras superan el 90%: obras casi terminadas, detenidas justo antes de servir.

El dato que nadie desagrega: controversias frente a abandono sin sanción

Aquí está el vacío: no se publica cuánto de esos S/19,600 millones está en controversias contractuales y cuánto simplemente se abandonó sin que nadie responda. Tampoco se precisa si la cifra incluye solo ejecución directa o también transferencias a otras modalidades. Sin ese desglose, cada nueva autoridad hereda un cementerio de proyectos sin responsables identificados. En plena discusión de un presupuesto adicional de S/5,899.6 millones para Vivienda, sustentado ante el Congreso, la pregunta previa no es si se aprueba más gasto, sino si el que ya se giró se va a terminar.

Lo que significa para el ciudadano

Una obra al 90% sin entregar no es una estadística: es un colegio sin techo, un centro de salud sin equipos, una pista sin asfaltar por la que el transporte encarece. Cada sol devengado en un proyecto congelado es un impuesto que se pagó y no regresa como servicio. El Estado debe publicar, por región y por año, cuántas obras tienen liquidación pendiente y cuántas se abandonaron sin sanción: mientras ese listado no exista, pedir más presupuesto es seguir girando cheques contra obras que nunca se entregan.